Una investigación oficial del Gobierno de Estados Unidos constató condiciones de hacinamiento, abusos y el uso de pequeñas jaulas metálicas como «zonas de calma» para los migrantes detenidos en Alligator Alcatraz, instalación ubicada en el sur de Florida que cerró sus puertas el verano pasado.

La existencia de estas celdas de 1,7 metros cuadrados de superficie fue uno de los detalles más reveladores de un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras varias inspecciones al centro inaugurado por el presidente Donald Trump en julio de 2025.

Según los inspectores, hasta 79 migrantes fueron confinados en estos espacios restrictivos entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026. Aunque el personal alegó que los recintos de 2,3 metros de alto servían para que los detenidos se tranquilizaran e incluso afirmó que eran solicitados por los propios internos, la investigación halló evidencias de que también se emplearon a modo de castigo, contraviniendo las normas de trato humano.

El hacinamiento también marcó la operación del recinto, situado en medio del humedal de los Everglades. La normativa nacional exige que cada detenido disponga de al menos 7 metros cuadrados de superficie, pero a su máxima capacidad el centro solo ofrecía 2,6 metros cuadrados por interno, reduciendo la movilidad diaria y aumentando el estrés y el riesgo de enfermedades.

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A las limitaciones espaciales se sumaron graves incumplimientos en los estándares sanitarios, de atención médica y de alimentación. Los detenidos manifestaron retrasos significativos en las evaluaciones clínicas de los recién llegados, artículos de higiene personal insuficientes y raciones de comida demasiado pequeñas y en mal estado de conservación, además de tener prohibido salir al exterior durante semanas.

Pese a los hallazgos, el DHS se defendió asegurando que el centro operaba bajo un acuerdo marco con el estado de Florida y no bajo la gestión directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que argumentaron que los estándares federales de detención no le eran aplicables.

Construida en un antiguo aeródromo aledaño al Parque Nacional de los Everglades, reserva protegida por la Unesco, la instalación se convirtió en el emblema de la campaña de deportaciones masivas de la actual administración. No obstante, las constantes presiones y demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas precipitaron su cierre definitivo el pasado mes de junio.

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